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Este informe presenta los resultados de las encuestas de empresas realizadas en ocho economías de la región en 2013 y 2014: Yibuti, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez, Cisjordania y Gaza, y Yemen. Mediante el análisis de información detallada sobre más de 6.000 empresas privadas de los sectores manufacturero y de servicios, el informe proporciona información detallada sobre los principales factores que impulsan el rendimiento de las empresas y los principales retos del entorno empresarial en el que operan.
Las Encuestas de Empresas realizadas en los países de Europa y Asia Central también se conocen como Encuestas sobre el Entorno Empresarial y el Desempeño de las Empresas (BEEPS) y son realizadas conjuntamente por el Grupo del Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea (CE). Las encuestas de empresas en América Latina se financian conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las encuestas de empresas en Oriente Medio y el Norte de África se financian conjuntamente con el BERD y el BEI. En el pasado, otras instituciones han contribuido a las encuestas de empresas: el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) en el sur de Asia y en un subconjunto de países africanos, el Fondo Holandés para el Buen Crecimiento (DGGF) en un subconjunto de países francófonos de África Occidental, y COMPETE Caribbean en el Caribe.
El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela lleva a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones
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Las últimas elecciones presidenciales de Venezuela tuvieron lugar el 20 de mayo de 2018. Nicolás Maduro se adjudicó la victoria en un proceso electoral viciado e ilegítimo. El 4 de febrero de 2019, el Reino Unido reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente constitucional interino de Venezuela. Como presidente constitucional interino, Juan Guaidó es responsable de organizar elecciones libres y justas en el país.
El 6 de diciembre de 2020 se celebraron unas elecciones legislativas fraudulentas en las que el partido gobernante, el PSUV de Maduro, obtuvo más del 90% de los escaños. El Reino Unido no reconoce el parlamento elegido fraudulentamente y sigue reconociendo a la Asamblea Nacional elegida en 2015, y a Juan Guaidó como presidente constitucional interino.
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Luis Bergolla es actualmente candidato a J.S.D. en la Facultad de Derecho de Stanford y becario visitante en el Instituto Max Planck de Luxemburgo de Derecho Procesal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), tiene un LL.M. por la Universidad de Georgia, un J.D. por la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona y un J.S.M. por la Stanford Law School. Luis Bergolla es árbitro internacional, experto en derecho venezolano y abogado colegiado en Nueva York, el Distrito de Columbia, Arizona, España y Venezuela.
Por otro lado, el régimen oficial (Maduro) sigue dirigiendo la mayoría de las instituciones constitucionales descritas en esta guía al mismo tiempo que el régimen interino (Guaidó) ha creado una institución análoga al Gabinete Ejecutivo (ver 2.1 infra) -el Centro de Gobierno- para dirigir su gobierno. El gobierno interino encuentra su legitimidad en la Asamblea Nacional tal y como se constituyó en 2019, y que el Sr. Guaidó presidía en ese momento. Tras las denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2018, la Asamblea Nacional invocó entonces el artículo 333 de la Constitución venezolana para deponer al régimen de Maduro. Y para regir el esperado período de transición, la Asamblea Nacional procedió a promulgar el “Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (“Estatuto de Transición”).
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Todos los grupos sociales están de acuerdo con la ciudadanía y aceptan el Estado-nación como legítimo. El acceso a la ciudadanía es sencillo y sin discriminación. Sin embargo, en 2020, el Consejo Electoral privó a los pueblos indígenas, alrededor del 3% de la población, de sus plenos derechos de ciudadanía al sustituir el voto directo, secreto y universal consagrado por la Constitución por un proceso de sufragio de segundo grado basado en la votación a mano alzada. Aunque no hay una negación sistemática de la ciudadanía en el plano formal, la fusión de nación y chavismo en una especie de religión civil equivale a la negación de la ciudadanía para los disidentes, al menos en el plano retórico.
Dada la absoluta concentración de poder en la presidencia y en la élite partidista y militar, los representantes elegidos carecen de poder efectivo para gobernar. Esto es cierto para los poderes judicial, legislativo, electoral y popular, así como para las autoridades regionales y locales. Antes de las elecciones parlamentarias, Maduro anunció que se proponía hacer aprobar una Ley de Parlamento Comunal Nacional, creando un órgano basado en la estructura de las comunas no elegidas. Este órgano estaría dominado por el partido de gobierno, por lo que sería un buen instrumento para mantener a raya a la Asamblea Nacional, a pesar de que el partido de gobierno tiene una abrumadora mayoría del 90% de los escaños.
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